Autor: Santiago MARTÍN, sacerdote
Nada hay tan práctico como una buena teoría. En este caso, se puede decir que para llevar a cabo una buena reforma en la Iglesia hace falta una buena normativa jurídica que siente las bases legales de la misma. Eso es, exactamente, lo que ha hecho el Papa Francisco esta semana: poner al día la legislación vaticana para hacerla más eficaz contra las múltiples corrupciones que han sacudido al pequeño Estado en los últimos años.
Esta reforma busca, naturalmente, dotar a los órganos judiciales competentes de los instrumentos para perseguir y penar los delitos que pudieran cometer las personas que están afectadas por su jurisdicción, no otras. Es decir, no van a ser juzgados todos los curas del mundo, o todos los obispos o todos los laicos, sino sólo aquellos que trabajen o sean ciudadanos del Vaticano. Se intenta dar un mensaje a propios y extraños. A los de dentro, de que no se puede actuar con impunidad como se hizo con la filtración de documentos del caso "Vatileaks", o con corrupción económica o con lo que es aún peor, la pederastia. A los de fuera, se les dice que la Iglesia va en serio a la hora de poner en orden su propia casa para poder seguir siendo la luz del mundo, que es lo que Cristo quería.
Con esta reforma, por supuesto, no está todo hecho. No está hecho ni siquiera lo más importante, pero algo es algo. Es decir, lo esencial es la conversión del corazón, la búsqueda por todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de la santidad. Si no se persigue servir a la Iglesia, sino servirse de la Iglesia, las leyes no podrán impedir que se sigan cometiendo pecados y delitos. Pero al menos éstos se podrán perseguir con rigor y conforme a Derecho, como por otro lado sucede en todos los países del mundo. Es posible que "hecha la ley, hecha la trampa", pero si eso es inevitable en cualquier nación y también puede serlo en el Vaticano, los delincuentes siempre tendrán sobre su cabeza la advertencia de que no pueden esperar encontrar tolerancia para seguir cometiendo sus fechorías. Tolerancia cero, y ahora la ley lo deja claro.
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